Vecinos y compañeros de promoción de Gabriela Casas, la mujer que fue internada contra su voluntad el lunes pasado en un descomunal despliegue policial se manifestaron en la vereda del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa para exigir que la mujer pueda volver a su hogar.

Esta mañana, vecinos del barrio Provincias Unidas, España y compañeros del colegio secundario de Gabriela Casas, la abogada que fue internada en el área de Salud Mental del hospital Perrando contra su voluntad se manifestaron esta mañana en la vereda del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.                                                                                                                         Con carteles en los que se observaron frases como "Justicia por Gabriela", "Jury para Alcalá", "Renuncia de los responsables", "Destitución a la Defensora General", los vecinos y amigos de la abogada exigieron que la mujer pueda volver a su hogar y aseguraron que todo responde a una represalia por una denuncia que hizo Casas en su lugar de trabajo por un expediente "cajoneado".                         Alfredo Gamarra- vecino del barrio España (quien vive a 400 metros de la casa de la letrada) dijo estar seguro que la mujer es víctima de una represalia.

"Gabi había hecho una denuncia por un error administrativo. Algo querían tapar que cajonearon ese pedido. Ella descubre esa situación de que se estaba cajoneando un expediente y que ya se estaban venciendo los plazos administrativos. Y lo denuncia" , sostuvo en diálogo con NORTE. Y añadió: "Por esto, la defensora general Alicia Alcalá decide esta represalia, da la orden de sacarla de su casa".

Asimismo, Gamarra se mostró preocupado por el estado de salud de Casas. "Ahora no sé cómo está ella, el grito que se escuchó cuando se procedió compulsivamente hacia su persona fue terrible", recordó.

La mujer, mientras tanto, continúa internada en el Hospital Perrando. Quienes tuvieron la oportunidad de verla dicen haberla visto "bien, pero muy sedada" por la medicación que se le suministra.

El caso generó un fuerte ruido interno en el Poder Judicial, donde en principio se apostó a que los días pasaron y el asunto desapareciera de la agenda pública, pese a que lo ocurrido una semana atrás en el barrio Provincias Unidas hasta podría ameritar un jury contra quien haya ordenado, desde un cargo de magistratura, que se actuara de esa manera.                                                           Mientras tanto, hay actuaciones en marcha. La Secretaría de Derechos Humanos del gobierno provincial pidió varios informes sobre el caso, también tomaría cartas el Comité de Prevención de la Tortura y se habría iniciado una actuación de oficio por parte de una fiscalía penal.